Decisión inminente de la Corte Suprema sobre DACA

Este viernes 16 de febrero es la primera fecha en la que los magistrados del máximo tribunal de justicia pueden decidir si revisan o no la apelación del gobierno presentada con carácter de urgencia a finales de enero para volver a cancelar DACA.

La Corte Suprema de Justicia podría decidir este viernes si detiene o no el fallo de un tribunal de California que dejó sin efecto la cancelación de la Acción Diferida de 2012 (DACA), el programa de protección de los dreamers contra la deportación. Tras la suspensión del programa por parte del presidente Donald Trump, el 9 de enero el juez federal William Alsup detuvo su cancelación, a lo que el Gobierno respondió apelando la decisión ante la Corte de Apelaciones del 9º Circuito e inmediatamente acudiendo a la Corte Suprema para pedirle que revise el caso con carácter de urgencia.

La decisión que tome la Corte Suprema resulta ahora clave para mantener protegidos a los dreamers, mientras se busca una solución legislativa en el Congreso.

Es muy raro que ocurra una solicitud de este tipo, donde se salta una instancia del proceso para pedirle al máximo tribunal de justicia que decida en segunda instancia un caso sin que antes lo resuelva la corte interior”, dijo Bárbara Hines, profesora retirada de la clínica legal de la escuela de leyes de la Universidad de Texas. “Y menos aún con carácter de urgencia”.

La respuesta de la Corte al pedido urgente del gobierno se conocerá durante la celebración de la llamada “Conferencia”, donde los magistrados deciden qué casos tomarán durante el año.

La primera reunión, de acuerdo al calendario de la Corte Suprema, está programada para este viernes 16 de febrero.

“Ese día los jueces del Supremo considerarán la apelación presentada por el Departamento de Justicia”, indicó Hines. “Y hay tres caminos a seguir. El primero, que la mayoría de los jueces atiendan el pedido de urgencia e intervengan a favor del gobierno, el segundo que intervengan a favor de los beneficiarios de DACA, y el tercero que decidan no hacer nada”, es decir que dejen las cosas tal y como están para que decidan las cortes inferiores.

DACA fue activado el 15 de agosto de 2012 por el entonces presidente Barack Obama. El programa, que protege a unos 800,000 dreamers, otorga un amparo de la deportación y concede un permiso de trabajo temporal que se renueva cada dos años.

Trump ordenó la cancelación del programa bajo el argumento de que Obama violó la Constitución al cambiar una parte de la ley de inmigración al conceder permanencia legal a un grupo de indocumentados, algo que sólo le compete al Congreso.

En el caso de que la Corte Suprema no resuelva nada este viernes, la siguiente conferencia está pautada para el 23 de febrero.

“Si bien la decisión del juez de California es una señal positiva, es necesario recalcar que esta no quita la incertidumbre que aqueja a los jóvenes indocumentados”, dijo Juan Manuel Guzmán, director de asuntos gubernamentales de Unbited We Dream (UWD), la principal organización de dreamers del país. “Aún no sabemos qué puede suceder en la Corte Suprema y qué implicaciones pueda tener”.

Guzmán dijo además que “es por eso que hoy, más que nunca, es imperativo que el Congreso, el cual se prepara para el debate sobre inmigración, apruebe el Dream Act sin que esté acompañado de medidas antiinmigrantes que están siendo empujadas por algunos miembros ultraconservadores del Congreso”.

Tras la cancelación de DACA el pasado 5 de septiembre, Trump dio un plazo de seis meses hasta el 5 de marzo para que el Congreso revuelva el futuro de los dreamers.

De no haber un acuerdo sobre el tema, el mandatario ha avisado que el programa no será ampliado, dejando a miles de dreamers al borde de la deportación de manera escalonada.

Pero abogados advierten que, si la Corte Suprema no anula la decisión de la corte de california, DACA seguirá vigente y los dreamers cuyos permisos de trabajo venzan entre 90 y 120 días podrían renovar sus amparos de deportación y permisos de trabajo.

“Pero se trata de una situación incierta”, indicó Guzmán. “Tampoco hay garantías de que el gobierno acepte todas las solicitudes de renovación y envíe a tiempo los permisos de trabajo”.

Para que el Congreso apruebe una ley que legalice a los dreamres, se necesitan 60 votos en el Senado y los republicanos solo cuentan con 51. En la Cámara de Representantes se requieren 218 y cuentan con 241.

Los demócratas han advertido que sólo aceptarán una iniciativa que contemple un camino a la legalización para la mayoría de los 11 millones de indocumentados, no solo a los dreamers.